Manuel Cepeda Vargas, asesinato de Estado y memoria activa

El 9 de agosto de 1994, en Bogotá, Manuel Cepeda Vargas, senador de la República, fue ejecutado a pocas calles de su domicilio, en la Avenida de las Américas. Treinta y un años después, la conmemoración del 9 de agosto de 2025 no puede limitarse a un homenaje. Este texto desmonta la mecánica de la impunidad, sitúa el crimen en el genocidio político contra la Unión Patriótica y examina el uso contemporáneo de esta memoria en el campo del poder.

El crimen y su escenario urbano

El lugar no es casual. La topografía del asesinato revela el dispositivo. El ataque ocurre en la Avenida de las Américas, a la altura de la carrera 74, entre Mandalay y Banderas, a pocos metros del apartamento familiar, en una vía que años después llevaría el nombre de Avenida Manuel Cepeda Vargas e integrada al sistema TransMilenio. La memoria de la ciudad conserva la huella de la violencia y la institucionaliza en la toponimia. Esta cartografía memorial, hoy registrada por los centros de memoria de Bogotá, recuerda que la escena del crimen es también una escena pública, por lo tanto política.

Del homicidio a la razón de Estado

No se trata de un simple contrato de sicarios. Hubo una convergencia entre agentes estatales y estructuras paramilitares. La Corte Interamericana, en 2010, declaró al Estado colombiano internacionalmente responsable de la ejecución extrajudicial del senador. Determinó que las violaciones acumuladas al derecho a la vida, a la integridad, a las garantías judiciales y a los derechos políticos se inscribían en un contexto de persecución contra la UP. La responsabilidad no es solo material, es estructural.

No se entiende este crimen sin el marco operativo que el propio Manuel Cepeda denunció antes de su muerte y que luego fue documentado: la existencia de un plan homicida contra dirigentes de la izquierda legal. Las declaraciones de paramilitares desmovilizados, como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, señalaron la instigación y la coordinación entre la jerarquía militar, el DAS y jefes de las AUC. El conjunto probatorio no se tradujo plenamente en responsabilidades penales en la cúpula, pero la arquitectura es visible. Es la esencia de un dispositivo de poder en el sentido foucaultiano: un entramado de prácticas, discursos e instituciones que producen un efecto de realidad, en este caso el borrado judicial de la cadena de mando.

Una condena internacional que resquebraja el pacto de silencio

En 2010, la sentencia Cepeda Vargas vs. Colombia se convierte en un hito. Impone medidas de reparación, verdad y garantías de no repetición. El Estado tuvo que reconocer su responsabilidad y emprender gestos públicos, sin que ello saldara la deuda judicial. El seguimiento posterior señaló incumplimientos, recordando que el reconocimiento simbólico no sustituye a la justicia efectiva.

En 2023, la misma Corte consagra una verdad esperada durante décadas: el genocidio político de la Unión Patriótica, sistemático, prolongado, de alcance nacional y con participación activa de estructuras estatales. El crimen contra Cepeda es un fragmento de esta empresa de exterminio político. El derecho nombró finalmente lo que la memoria ya sabía.

Los resortes concretos de la impunidad

Existen condenas, sí. Pero los autores intelectuales permanecen en la sombra. Dos suboficiales fueron condenados como coautores materiales, y uno de ellos, Hernando Medina Camacho, obtuvo rebajas de pena antes de ser recapturado recientemente en Neiva por otros hechos, recordando esta oscilación constante entre pena proclamada y sanción real. La mecánica es conocida: maniobras dilatorias, fragmentación de las causas, cambios de fiscales, procesos y litigios que se prolongan. La deuda judicial se mide en tiempo. Treinta y un años.

Memoria en tensión, presentes en disputa

La conmemoración del 9 de agosto de 2025 no solo reavivó el homenaje. Reafirmó una exigencia jurídica: que la Jurisdicción Especial para la Paz articule claramente este caso con la macroverdad sobre la UP. Los familiares lo repitieron ante las cámaras públicas, y la sociedad civil enmarcó el evento en la deuda de justicia aún pendiente. La memoria no es un ritual, es un procedimiento social.

El trasfondo: cuando lo judicial reconfigura el campo político

La condena penal del expresidente Álvaro Uribe, pronunciada el 1 de agosto de 2025 por fraude procesal y soborno de testigos, no es un epílogo del caso Cepeda, pero constituye su contrahistoria. El expediente Uribe tiene su origen en un intento de invertir los roles acusando a Iván Cepeda de fabricar testigos. La justicia concluyó lo contrario. El cambio es histórico: por primera vez, la estructura de impunidad que parecía inamovible tambalea en la cúspide.

Un espejo en América Latina

El asesinato de Manuel Cepeda no es un caso aislado. La historia reciente del continente ofrece paralelismos inquietantes: la ejecución de la concejala brasileña Marielle Franco en 2018, con nexos entre milicias y estructuras estatales; el asesinato de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack en 1990, ordenado por inteligencia militar; o el de monseñor Óscar Romero en El Salvador en 1980, convertido en símbolo global contra la violencia política. Todos comparten una matriz: convergencia de aparatos estatales y fuerzas ilegales, manipulación de la investigación y uso político de la memoria. Este patrón regional refuerza la necesidad de leer el caso Cepeda como parte de una arquitectura latinoamericana de la impunidad.

Política de la verdad o el coraje de lo real

La Comisión de la Verdad recordó que la transición democrática exige nombrar responsabilidades, desmontar la arquitectura del miedo y de las mentiras de Estado, y abordar por fin la matriz de la violencia política. Aquí, la palabra verdad no alude a un consenso moral, sino a un trabajo, a un método, a un coraje. Es este método el que aún falta cuando el juicio a los responsables máximos se elude.

Interludio filosófico

Hablamos de un asesinato legalizado por la rutina, de un homicidio burocratizado. Foucault nos enseñó a leer la gubernamentalidad como el arte de organizar las conductas. En este caso, el Estado supo gobernar el acontecimiento haciendo improbable su inteligibilidad penal. Es una racionalidad que elige sus puntos ciegos y fabrica su propia oscuridad.

Y si escuchamos a Houellebecq, la escena se tiñe de un gris más espeso: calles húmedas y sucias, funcionarios sin brillo, rostros que ya no esperan nada. Una sociedad agotada, que aprende a convivir con la injusticia como quien se acostumbra a un dolor crónico. No hay indignación, solo una inercia viscosa. Lo verdaderamente obsceno no es la violencia, sino la forma en que se archiva, cómo se convierte en un expediente más, olvidado en un armario que huele a polvo y humedad. Un país no se juzga por su capacidad de conmemorar, sino por su capacidad de juzgar, y aquí, esa capacidad se ha marchitado.

Lo que la investigación periodística debe producir ahora

Hay que establecer una cronología judicial integral de los actos y omisiones, desde la mañana del 9 de agosto de 1994 hasta las decisiones de 2025, identificando los momentos clave en que el aparato perdió deliberadamente el rastro. Hay que documentar el mapa de actores, incluidos aquellos que fueron mencionados y nunca escuchados. Hay que dar voz a los testigos del barrio, a las familias, a los trabajadores de la memoria que transformaron una avenida en un memorial. Hay que iluminar la circulación de órdenes, la porosidad entre unidades militares, DAS, paramilitarismo y los campos político y mediático. Y finalmente, hay que vincular el reconocimiento internacional a sus efectos concretos en la justicia y la reparación internas.

Conclusión

Treinta y un años después, el caso Cepeda sigue siendo la prueba de verdad de un Estado frente a su propio pasado. El derecho internacional ha hablado. La sociedad ha hablado. La ciudad ha inscrito el nombre. Falta la justicia completa. La originalidad editorial no es un estilo, es un método: verificar, cruzar, contextualizar, rechazar la anécdota que distrae, mantener la línea. Mientras no se juzgue a la verdadera cadena de mando, el asesinato de Manuel Cepeda Vargas seguirá siendo un mecanismo activo de nuestro presente…

G.S.