Revelaciones sobre un sistema de corrupción estructural en torno a la Nueva EPS, las cajas de compensación y la élite política conservadora

Sabían, destruyeron todo y ahora acusan

En abril de 2024, el Estado colombiano ordenó una intervención en la Nueva EPS, una de las entidades más importantes del sistema de salud. La maniobra fue denunciada de inmediato por los medios dominantes y sectores de la oposición como una intromisión autoritaria del gobierno de Gustavo Petro. Lo que estos mismos actores no dijeron es que la EPS ya estaba técnicamente quebrada, saqueada desde dentro por una estructura diseñada para ocultar deudas, manipular cifras y blindar a los responsables.

Un aparato contable hecho para borrar las huellas

El informe de la intervención, publicado en abril de 2025 por el agente especial Bernardo Camacho, no deja lugar a dudas. Lo que encontró no fue una EPS en dificultades, sino un desastre fabricado. Más de 12 millones de facturas estaban ocultas. La deuda acumulada hasta diciembre de 2023 ascendía a 4,3 billones de pesos. Todo eso antes de que el gobierno interviniera. Los sistemas informáticos eran obsoletos. Las bases de datos eran manipuladas. Las facturas no se auditaban, los pagos se hacían “a ojo”, con base en promedios históricos, no en servicios realmente prestados.

Nombres propios, intereses privados, impunidad sistémica

Detrás de este montaje hay nombres concretos. Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, formaba parte de la junta directiva. Noemí Sanín, figura histórica del conservadurismo colombiano, también. A su alrededor giraban asesores y directivos implicados en otros escándalos como Salucoop, Cafesalud y Cruz Blanca. Todos liquidados por corrupción. La misma red, las mismas manos, los mismos métodos.

Las cajas: propietarias, proveedoras y cobradoras

Lo más alarmante fue descubrir el papel de las cajas de compensación. Colsubsidio, Cafam y otras no solo eran prestadoras de servicios, sino también dueñas de la Nueva EPS. La EPS les debía dinero a sus propios accionistas. Las cajas facturaban, cobraban y se autoaprobaban pagos con dinero público. Esta integración vertical invertida es la pieza central del saqueo. Y cuando se hizo evidente que la intervención estatal iba a exponer todo, estas entidades ofrecieron entregar sus acciones al Estado… a cambio de que el gobierno asumiera las deudas que ellas mismas generaron.

El chantaje institucional: la Corte como aliada del saqueo

Con la intervención avanzando y la verdad emergiendo, las élites activaron su defensa judicial. En una jugada perfectamente calculada, la Corte Constitucional exigió al Ministerio de Salud continuar girando recursos a las EPS, sin condiciones, sin auditorías, y sin depurar responsabilidades. Las mismas entidades que ocultaron miles de millones ahora son protegidas por el poder judicial. La Corte no pidió rendición de cuentas. No pidió responsabilidades penales. Solo ordenó más plata. Más transferencias. Más impunidad.

Cierre de clínicas, despidos y manipulación mediática

El cierre repentino de servicios como el de urgencias de la clínica Roma en Kennedy no fue por insolvencia real. Fue una operación política. Una puesta en escena para mostrar un sistema colapsado y culpar al gobierno. Las cifras no cuadran. Las deudas alegadas no existen en los registros oficiales. El presidente de Colsubsidio no dio la cara. En su lugar, hablaron periodistas afines al uribismo. El mensaje era claro: si no nos pagan, cerramos. Si nos investigan, despedimos médicos. Si nos tocan, dejamos de atender al pueblo.

La salud como botín y la población como rehén

Mientras tanto, el gobierno intenta contener la hemorragia. Compra directa de medicamentos, presión de la Superintendencia, mecanismos de giro directo. Pero las manos están atadas. La reforma estructural sigue bloqueada. Y los responsables del colapso siguen pidiendo más fondos, más poder, más control. El sistema que construyeron no fue diseñado para curar. Fue construido para saquear…

G.S.

Hechos y fuentes

• 12 000 000 de facturas ocultas (informe Camacho, 2025)
• 4,3 billones de pesos en pasivos no registrados hasta diciembre de 2023
• Directivos: Enrique Vargas Lleras, Noemí Sanín
• Accionistas principales: Colsubsidio, Cafam
• Mecanismo: integración vertical inversa, auto-facturación
• Cierre político de la clínica Roma (Kennedy, Bogotá) en abril de 2025
• Fallo de la Corte Constitucional a favor de EPS privadas
• Fuentes: Superintendencia de Salud, videos de Vicente Calvo, artículos de La Silla Vacía, testimonios médicos, documentos internos EPS-Cajas