60.000 armas, 30 años de silencio: el paramilitarismo de Estado al desnudo
Investigación sobre el mayor escándalo de seguridad de la Colombia contemporánea
Un Consejo de Ministros, una bomba de fragmentación
El 7 de abril de 2025, durante la retransmisión en vivo de un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una verdad que la Colombia oficial ha reprimido por más de tres décadas. Sin rodeos, denunció un hecho de gravedad extrema: el paramilitarismo no solo sigue vivo, sino que se encuentra infiltrado dentro del mismo Estado. Y lo más alarmante: el Estado ha entregado 60.000 armas a empresas privadas de seguridad, muchas de ellas hoy inactivas en los sistemas oficiales, pero activas en el terreno y al servicio del crimen organizado.
“Hoy hay paramilitarismo vivo dentro del Estado mismo. […] Más de 60.000 armas entregadas por el Estado siguen operando fuera de todo control, al servicio del crimen”.
— Gustavo Petro, 7 de abril de 2025
No se trata de un simple escándalo. Es la demostración concreta de un Estado cómplice, corrompido, infiltrado hasta la médula por redes narcoparamilitares. Durante tres décadas, gobiernos, superintendencias, jueces, generales y empresas de vigilancia han alimentado una estructura clandestina de violencia, protegida bajo la fachada de la legalidad.
1. Un paramilitarismo legal, financiado y protegido por el Estado
La palabra “paramilitarismo” evoca masacres, desplazamientos forzados, fosas comunes. Pero detrás de esta imagen brutal se esconde una realidad mucho más siniestra: una estructura paralela de poder, construida desde el corazón mismo del aparato estatal y revestida de legitimidad jurídica.
La estrategia ha sido simple y devastadora: bajo la figura de la “seguridad privada”, miles de empresas fueron creadas con licencias legales, permisos de porte de armas y certificaciones emitidas por el Estado. Pero muchas de estas empresas no protegían a ciudadanos, sino que escoltaban narcotraficantes, vigilaban cargamentos de droga, intimidaban comunidades y eliminaban opositores.
Petro lo ha dicho claramente:
- Existen 197 empresas de vigilancia con licencias vigentes, que figuran como inactivas en los sistemas oficialespero siguen operando.
- Estas empresas tienen acceso a armamento oficial, nunca auditado ni recuperado.
- Se han contabilizado más de 60.000 armas oficiales perdidas, de las cuales 20.000 fueron entregadas durante la fase paramilitar en Antioquia, bajo el mando del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez.
Este no es un fenómeno marginal ni espontáneo. Es una maquinaria estatal de violencia tercerizada: grupos armados privados, financiados legalmente, operando con cobertura institucional y al servicio del crimen organizado.
2. Genealogía del paramilitarismo institucional: una arquitectura de Estado
« El paramilitarismo no es un accidente de la historia colombiana. Es su infraestructura clandestina, legalizada por decreto, armada por el Estado, financiada por los narcos y protegida por las élites políticas. »
La denuncia realizada por Gustavo Petro en abril de 2025 no surge del vacío. Arroja luz con una violencia estremecedora sobre una verdad cuidadosamente ocultada: el paramilitarismo en Colombia no solo fue tolerado por las autoridades, sino organizado, legitimado y armado desde el mismo Estado.
2.1 El acto fundacional: las Convivir, o la legalización del crimen
El año 1993 marca un punto de quiebre. En plena ofensiva estatal contra los carteles del narcotráfico, el gobierno de César Gaviria adopta el decreto 356, conocido como “Reglamento de servicios de vigilancia y seguridad privada”. Con él, se abren las puertas a la creación de las Convivir: asociaciones de civiles armados supuestamente destinadas a apoyar a la Fuerza Pública en zonas rurales.
Oficialmente, eran herramientas de seguridad ciudadana. En la práctica, se convirtieron en milicias paramilitares con cobertura legal. Estas entidades podían portar armas, interceptar comunicaciones, hacer inteligencia sobre comunidades — todo con respaldo estatal. El Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les entregaban permisos de operación. Gobernadores y alcaldes tenían vía libre para desplegarlas.
2.2 El brazo armado de Uribe: 20.000 armas para futuros jefes narcos
El decreto 356 pudo haber quedado como una medida transitoria. Pero encontró en Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia (1995-1997), a su ejecutor más entusiasta. Bajo su administración se crearon más de 200 Convivir en Antioquia, y se entregaron 20.000 armas de guerra a sus miembros.
Estas armas no fueron a parar a campesinos defensores de sus veredas. Acabaron en manos de futuros comandantes paramilitares como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, los hermanos Castaño, entre otros. El departamento de Antioquia se convirtió en un laboratorio de gobernanza paramilitar, donde el control territorial y el exterminio del disenso fueron institucionalizados.
2.3 La farsa de la desmovilización: ¿dónde están las armas?
Entre 2003 y 2006, el gobierno de Uribe anunció la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se habló de 30.000 combatientes desarmados. Petro recuerda que se debieron haber recuperado unas 30.000 armas, pero no hay ninguna auditoría transparente. No hay inventario. No hay trazabilidad.
Por el contrario: muchas de las empresas creadas en los años noventa siguen operando. Algunas cambiaron de nombre. Otras aparecen como “inactivas” en los registros oficiales, pero siguen activas en el terreno. Poseen licencias, armas y cobertura legal, pero están al servicio de intereses criminales.
Se trata de una estructura paraestatal, funcional al crimen organizado, que opera con sello legal, con uniformes, con papeles — pero en el fondo, con total impunidad.
2.4 El silencio de los presidentes: Gaviria, Uribe, Santos, Duque
Durante tres décadas, ningún gobierno se atrevió a investigar a fondo las Convivir ni el destino de las armas entregadas por el Estado. Gaviria creó el monstruo. Uribe lo armó y lo expandió. Santos firmó la paz, pero no desmanteló la estructura. Duque miró hacia otro lado.
Hoy, Petro afirma que hay 60.000 armas oficiales en circulación, fuera de control. Estas armas siguen matando, escoltando narcotraficantes, intimidando a comunidades. Y todas, en su momento, fueron avaladas por el Estado colombiano.
3. Cifras del horror: la matemática del Estado criminal
Las cifras reveladas por el presidente Petro no son simples datos: son la radiografía numérica de un Estado en colusión con el crimen. Cada número es un indicio de impunidad, una evidencia de negligencia, una prueba de complicidad estructural.
- Desde 1993, se han otorgado licencias a 2.019 empresas de vigilancia en Colombia.
- De estas, 197 figuran con licencias vigentes pero no aparecen como activas en los sistemas oficiales. En la práctica, eso significa empresas operando con total opacidad.
- Según el balance presentado por Petro, existen 62.664 armas oficiales cuyo paradero es desconocido. Estas no son armas del mercado negro: son armas con número de serie, registradas legalmente, entregadas por la Superintendencia.
- De esas 62.664, al menos 20.000 fueron entregadas a las Convivir bajo el mandato de Uribe en Antioquia.
- Las bases de datos de la Superintendencia de Vigilancia están obsoletas, manipuladas, fragmentadas, con código fuente de los años 90. Algunas fueron incluso saboteadas desde adentro por funcionarios vinculados al paramilitarismo.
- En paralelo, existen 40.692 armas oficialmente registradas en empresas que sí figuran como activas. Pero no hay trazabilidad sobre su uso, su destino ni su vigilancia efectiva.
Estamos hablando de más de 100.000 armas en circulación bajo licencias oficiales. Un arsenal más grande que el de muchos ejércitos latinoamericanos. ¿Cómo es posible que un Estado permita semejante nivel de descontrol?
Estas armas no están almacenadas. No están custodiadas. Están en la calle, en las manos de escoltas de narcos, en retenes ilegales, en zonas de control paramilitar. Están disparando.
Esto no es un descuido. Es una infraestructura de violencia armada con sello del Estado colombiano.
4. Un Estado cómplice, infiltrado, inoperante
El escándalo de las 60.000 armas perdidas no es el resultado de una falla técnica ni de una omisión aislada. Es el síntoma más evidente de un Estado secuestrado desde dentro. La complicidad institucional no fue pasiva: fue activa, constante y funcional al paramilitarismo.
4.1 Superintendencia de Vigilancia: nido de corrupción
La entidad encargada de controlar las empresas de vigilancia y la tenencia de armas —la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada— se convirtió durante décadas en un instrumento del paramilitarismo. Petro lo denunció con claridad: sus sistemas eran arcaicos, vulnerables, manipulados desde adentro.
- Software de los años 90 sin actualización durante 30 años.
- Bases de datos fragmentadas, con registros falsos, incompletos o deliberadamente omitidos.
- Licencias otorgadas a empresas sin control posterior.
- Funcionarios internos saboteando los sistemas de información, protegidos por redes políticas.
La Supervigilancia no era un órgano de control. Era una lavadora institucional, otorgando credenciales legales a estructuras criminales.
4.2 Funcionarios, jueces y congresistas: la red de protección
Petro ha denunciado directamente la existencia de funcionarios nombrados en gobiernos anteriores e incluso en el suyo que participaron en esta estructura corrupta. Algunos fueron removidos y denunciados penalmente, pero durante décadas, el encubrimiento fue total.
- Jueces que liberan a capos detenidos, con vínculos familiares.
- Empresas de vigilancia usadas para escoltar a narcos con toda la documentación en regla.
- Congresistas que interceden para otorgar licencias a empresas fachada.
- Políticos con acciones en empresas de vigilancia, muchos de los cuales podrían ser investigados si se abre el archivo completo.
Es un ecosistema donde la política, la justicia y el crimen organizado operan en sinergia, con el Estado como proveedor de armas y legitimidad.
4.3 Sistemas informáticos: desactualizados a propósito
La denuncia va más allá de la corrupción humana: el sabotaje tecnológico fue parte integral de la operación. Según Petro, la infraestructura digital del Estado fue mantenida en estado de obsolescencia deliberada:
“Seguían manejando sistemas de los años 90, con ingenieros de esa época que seguían estructurando todo igual.”
Esto explica por qué las empresas de seguridad inactivas seguían operando: los sistemas no las registraban como operativas, pero nadie controlaba físicamente su actividad. Y cuando Petro ordenó revisar los sistemas, saltaron alarmas por sabotaje interno.
5. Consecuencias: un Estado que arma al crimen
La revelación del presidente Petro deja al desnudo una verdad insoportable: el Estado colombiano no solo ha sido ineficiente frente al crimen organizado, ha sido su proveedor directo de armas, licencias y legitimidad.
No se trata de simples negligencias administrativas. Estamos ante un modelo de seguridad donde la legalidad fue instrumentalizada para fortalecer a las mafias. El aparato estatal, en lugar de proteger a la población, fue usado para blindar a los victimarios.
5.1 Escoltas de narcos, empresas fachada, armas con sello oficial
Las empresas “inactivas” que siguen operando escoltan hoy a figuras del crimen organizado. Cuando se captura a un narcotraficante de alto perfil, los escoltas portan uniformes oficiales, armas legales y documentación al día. Todo en regla. Todo dentro del sistema.
El propio Petro lo resumió así:
“El Estado está cuidando a los capos con armas oficiales.”
Estas empresas permiten a las mafias acceder a lo mejor del armamento sin necesidad de contrabando. Con una licencia legal, compran fusiles de última generación sin levantar sospechas. El mercado negro queda relegado. El crimen ya no necesita esconderse: se legalizó con la complicidad del Estado.
5.2 La seguridad democrática como fachada
El concepto de “seguridad democrática”, bandera de Uribe, aparece ahora como lo que realmente fue: una coartada discursiva para armar una red de violencia legalizada. Bajo ese lema, se consolidaron estructuras empresariales de seguridad que en realidad ejercieron control territorial, protegieron cargamentos de droga y eliminaron adversarios políticos.
En nombre del orden, se construyó un sistema de terror empresarial armado por el Estado.
5.3 La continuidad de la guerra bajo ropajes legales
La violencia paramilitar nunca desapareció: se transformó, se institucionalizó, se camufló. Hoy, las armas de las Convivir, los permisos de la Supervigilancia y las licencias de seguridad se convirtieron en los nuevos fusiles del crimen organizado, sin necesidad de selva ni camuflaje.
Es el mismo terror, con papeles en regla.
6. La respuesta del gobierno Petro: ruptura, auditoría y justicia
Frente a esta estructura mafiosa incrustada en el Estado, el gobierno de Gustavo Petro no se ha limitado a la denuncia. Ha iniciado una ofensiva sin precedentes para desmantelar el aparato legal del paramilitarismo, recuperando el control de las armas, desmontando empresas fachada y proponiendo alternativas reales.
6.1 Auditoría nacional a las Convivir y las armas del Estado
Petro ha ordenado un estudio exhaustivo de todas las Convivir creadas desde los años 90. El objetivo: trazar el destino de las armas entregadas, identificar las licencias otorgadas y reconstruir el mapa completo de la infiltración.
“Nunca antes un gobierno había ordenado una investigación de esta magnitud. Hay 54 cajas de documentos que ahora pasarán al Archivo General de la Nación.”
Este trabajo no es simbólico: es una operación de rescate de la memoria estatal y de las pruebas del paramilitarismo legalizado.
6.2 Cancelación de licencias y extinción de dominio
Solo en el último año, el gobierno canceló 16 licencias de funcionamiento otorgadas de forma fraudulenta. Empresas como Sara Limitada, Securbel Limitada y Pretoria Limitada fueron desarticuladas y sus bienes puestos bajo control de la SAEG (Sociedad de Activos Especiales).
El objetivo: recuperar estos recursos y entregarlos a trabajadores de base, guardias y vigilantes honestos, a través de cooperativas.
“La solución es cooperativizar las empresas de vigilancia, que los mismos trabajadores las manejen con fines de seguridad real, no criminal.”
6.3 Articulación institucional y persecución penal
El gobierno ha articulado un frente entre la Supervigilancia, la Fiscalía General y otras entidades estatales para perseguir penalmente a los responsables del saqueo institucional. Se han instaurado denuncias por sabotaje informático, corrupción, encubrimiento, y uso de armas para fines criminales.
Además, se han empezado a modernizar los sistemas digitales, reemplazando los códigos obsoletos por nuevas plataformas que permitan auditorías cruzadas, trazabilidad de armas y control real.
Petro lo dejó claro: sin control de las armas, no hay democracia posible.
7. ¿Por qué este escándalo está siendo minimizado?
A pesar de la magnitud del escándalo, de las pruebas y de las implicaciones directas para expresidentes, congresistas y estructuras del poder económico y militar, los grandes medios de comunicación han optado por el silencio o la banalización.
7.1 El cerco mediático: invisibilizar lo imperdonable
Petro lo advirtió: la prensa tradicional se lanzará contra quienes denuncien, no contra los responsables. Los noticieros evitaron titulares contundentes, los periódicos minimizaron la cifra de armas, y los análisis brillaron por su ausencia.
Este tratamiento no es accidental. Muchos medios están vinculados a intereses económicos y políticos que se verían directamente afectados si esta investigación avanza:
- Publicistas y propietarios de medios con inversiones en empresas de vigilancia.
- Periodistas cercanos a estructuras políticas comprometidas.
- Directores editoriales que dependen de financiamiento bancario vinculado a redes de seguridad privada.
La orden es clara: que esto no se convierta en debate nacional.
7.2 El miedo a que se caiga todo el andamiaje
El escándalo de las armas no es solo un caso de corrupción. Es la hebra que, si se tira con fuerza, podría deshacer todo el tejido de poder paramilitar, político, judicial y financiero en Colombia.
¿Quién tiene acciones en empresas de vigilancia? ¿Qué congresistas intercedieron por licencias? ¿Qué gobernadores firmaron sin control? ¿Qué generales avalaron entregas de armas?
Abrir esta caja de Pandora significa confrontar la estructura profunda del poder colombiano. Y eso explica el miedo. Y el silencio.
8. Conclusión: la última verdad de una guerra que nunca terminó
La denuncia de Gustavo Petro no es simplemente una acusación política: es una radiografía devastadora del alma misma del Estado colombiano. Lo que se ha revelado no es un escándalo más, sino la confirmación de que el paramilitarismo no fue un accidente ni un exceso, sino un proyecto estructural sostenido durante décadas por el poder legal.
Un Estado que entrega 60.000 armas a empresas de seguridad que escoltan a narcos.
Una Superintendencia infiltrada, saboteada desde dentro.
Un sistema de justicia cooptado por intereses mafiosos.
Y una clase política —congresistas, presidentes, empresarios— que convirtió la legalidad en una máscara para la violencia.
“¿Quiénes están detrás de esas empresas? ¿Quién hizo lobby para otorgar las licencias? ¿Quién permitió que desaparecieran las armas sin dejar rastro?”
— Consejo de Ministros, abril 2025
La verdad es insoportable: Colombia ha sido gobernada por una simbiosis entre política, crimen y legalidad armada. Un paramilitarismo de corbata. Un ejército privado al servicio del despojo, con papeles firmados por el Estado.
Este escándalo debe marcar un punto de no retorno. Si no se actúa ahora, si no se juzga, si no se recuperan esas armas y se rompe con el pacto de impunidad, el país seguirá siendo rehén de los mismos verdugos con nuevos rostros.
La guerra nunca terminó. Solo cambió de uniforme…
G.S.
